Comparecencia del presidente del Gobierno para dar cuenta de las acciones del ejecutivo en la gestión de la DANA

Congreso de los Diputados, Madrid

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ

Muchas gracias, señora presidenta, señorías, buenos días.

Comparezco para dar cuenta, como ha dicho la presidenta, de las actuaciones que el Gobierno de España está llevando a cabo para abordar los efectos causados por la DANA el pasado 29 de octubre, una DANA que, como todos sabemos, no tiene precedentes en nuestra historia reciente.

Una DANA que lamentablemente ha segado la vida de 222 compatriotas y ha devastado a casi un centenar de municipios.

Quiero, por tanto, que mis primeras palabras sean de recuerdo a las víctimas, a sus familiares, a sus seres queridos, porque su dolor es el dolor del conjunto de la sociedad española.

Junto a ello, quiero manifestar un firme compromiso, sobre todo a la sociedad valenciana, y es que el Gobierno de España va a seguir con los vecinos de los municipios afectados hasta que se complete su reconstrucción y el relanzamiento de una tierra muy querida por todos como es Valencia.

Y finalmente, una constatación, que creo que tiene que servir como lección a todos, al conjunto de la ciudadanía, a las fuerzas políticas, a sus señorías, también a los gobiernos. Y es que el cambio climático mata y, por tanto, todos debemos tomarnos en serio esta amenaza. Porque hay algo mucho más peligroso que la emergencia climática y son gobiernos negacionistas que por acción u omisión reniegan de los efectos devastadores del cambio climático.

En los últimos días, señorías, hemos asistido a un intenso debate sobre las decisiones y también las acciones de las distintas administraciones competentes en materia de protección civil. Las del Gobierno de España, que han sido explicadas en más de 40 comparecencias y ruedas de prensa por los ministerios directamente implicados, como es el Ministerio de Política Territorial, el de Interior, el de Defensa, el de Transición Ecológica y también numerosos técnicos de los demás ministerios competentes. Y, junto a ello, la vicepresidenta tercera del Gobierno, la ministra de Defensa, el ministro de Política Territorial, han comparecido ante sus señorías para informar sobre la gestión del Gobierno de España.

Y hoy me gustaría completar sus explicaciones a sus señorías y también a la ciudadanía que siga este debate con nuevos datos y aclarar algunas confusiones e imprecisiones que se han volcado a la opinión pública.

Y me gustaría hacerlo, señorías, sin polemiza. Tampoco para señalar culpables, sino para mostrar al conjunto de la ciudadanía que la Administración General del Estado ha estado con ellos desde el principio y va a seguir estándolo. Que el Gobierno de España está volcado en la gestión de la emergencia y que, con más o con menos acierto, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para ayudar a superar esta terrible tragedia a los hogares, a las empresas, a los trabajadores y a los municipios afectados por la DANA.

Para hacerlo, creo que es necesario empezar recordando cómo funciona nuestro sistema de respuesta a emergencias, cuáles son las responsabilidades que tiene cada administración en esta materia.

En muchas cuestiones, señorías, ustedes lo saben bien, el reparto competencial de nuestro Estado autonómico es algo ambiguo. Ustedes lo saben. Existen solapamientos. Existen también discrepancias sobre quién debe hacer determinadas cosas que a menudo terminan judicializadas.

Pero no ocurre así con el tema que nos ocupa en esta comparecencia. La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil 17/2015, la Ley Valenciana de Protección Civil y de Gestión de Emergencias 13/2010 establecen con claridad meridiana que en situaciones de emergencia de nivel dos de este tipo, el mando único corresponde a la Comunidad Autónoma, recayendo sobre el Gobierno central dos responsabilidades principales. La primera, generar toda la información necesaria sobre la meteorología y los caudales hídricos. Y, en segundo lugar, proveer, es decir, transferir a la Comunidad Autónoma todos los medios que requiera y existan también para dar respuesta a la crisis.

Por tanto, la pregunta, señorías, es si el Gobierno de España cumplió con estas responsabilidades. Y la respuesta es que sí, que sí lo hizo. Lo hizo desde el primer momento. Lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo todo el tiempo que sea necesario, como he dicho al principio de mi intervención, para afrontar la reconstrucción de la zona o de las zonas afectadas.

Todo lo que digo, señorías, puede demostrarse empíricamente.

Hablemos de la primera de las responsabilidades, la provisión de información y de avisos. En este episodio, señorías, los dos grandes responsables estatales son la Agencia Estatal de Meteorología, la conocida AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La AEMET emitió los primeros avisos sobre la DANA el jueves 24 de octubre, cinco días antes de la catástrofe. El viernes 25 notificó fuertes lluvias. El sábado 26 alertó de que habría alta intensidad torrencial. Y el domingo 27 de octubre anticipó un posible aviso naranja en la Comunitat Valenciana, en Cataluña, en Andalucía, en las Islas Baleares, que se activó al día siguiente en varias de estas zonas.

El martes 29, en concreto a las 07:31 de la mañana, la AEMET activó el nivel rojo para el litoral sur de Valencia y llamó al Departamento de Protección Civil de la Comunitat Valenciana para subrayar la gravedad de la situación. Informó a las 09:43 de la subida a nivel rojo en toda la provincia de Valencia. Y continuó emitiendo comunicados públicos sobre los cambios en los avisos y llamando a la protección Civil valenciana durante toda la jornada del día 29 y los días posteriores, a la vez que ofrecía en tiempo real toda la información en su página web.

Lo mismo hizo, señorías, la Confederación Hidrográfica del Júcar. No hubo, como se ha dicho por parte de algunos, ningún apagón informativo el pasado día 29. Este organismo mantuvo una comunicación constante con el Centro de Emergencias de la Generalitat durante todo el episodio de la mañana. En concreto, señorías, a las 12:07, informó sobre el crecimiento del caudal del Barranco del Poyo. Información que el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana usó para activar la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la Rambla. Envió, señorías, 198 correos electrónicos a las autoridades de Protección Civil.

Estuvo presente en el CECOPI desde el primer momento, donde alertó del incremento generalizado de los caudales en toda la provincia de Valencia. Y transmitió durante todo ese tiempo datos sobre la pluviometría y el nivel y volumen de los embalses y los ríos de forma constante y pública, a través de su sistema automático de información hidrológica que puede consultarse online de forma abierta.

Es cierto que uno de sus sensores, el de Ribarroja, se rompió a las 18:55 de la tarde, pero para entonces, como saben ustedes, la gravedad de la situación ya era conocida por todos. De hecho, para entonces los bomberos ya estaban rescatando personas en el barranco del Poyo.

Por tanto, señorías, pido que no se engañe a la gente. Si quieren buscar culpables, algunos, que los busquen, háganlo, pero no señalando a los servidores y servidores públicos que cumplieron con su deber.

Porque, señorías, la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar son organismos técnicos. No hacen juicios subjetivos ni tampoco cálculos políticos. Se basan en la evidencia científica y su trabajo consiste en recabar datos, hacérselos llegar a las administraciones competentes, que son las que tienen que tomar las decisiones y lidiar con la emergencia. Y lo hicieron. La AEMET y la Confederación lo hicieron con rigor, lo hicieron con rapidez, lo hicieron con transparencia; como dictan las leyes españolas y los estándares internacionales más avanzados.

Y prueba de ello está en que hubo muchas instituciones, señorías, que sí tomaron decisiones en esas horas difíciles. El lunes 28, un día antes de la tragedia, hubo 68 municipios en Valencia, en Alicante y en Castellón, que, en base a los avisos de la AEMET, suspendieron las clases. El propio martes día 29 de octubre, hubo numerosos ayuntamientos, como el de Carcaixent y o el de Aldaia, que cerraron el acceso a varias calles y zonas inundables. Y hubo muchos otros, como por ejemplo el Ayuntamiento de Torrent, que directamente anunciaron la suspensión de toda actividad pública y educativa.

El Ayuntamiento de Valencia convocó su Centro de Coordinación Operativa Municipal a las 11:00 horas de la mañana. La Diputación de Valencia decidió enviar a sus trabajadores a casa a mediodía. Algunos departamentos de la Generalitat Valenciana, como, por ejemplo, la Dirección General de Medio Natural y Animal o la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales, tomaron medidas para limitar la exposición de sus trabajadores a la DANA desde primera hora de la mañana. Y, de la misma forma, la Universidad de Valencia canceló su actividad docente; y la Universidad Politécnica y la Universidad Católica clausuraron algunos de sus campus.

También tomaron medidas multitud de empresas, señorías. La Ford paró los turnos de noche y de mañana de su principal fábrica. A las 6:59 de la mañana, antes de que amaneciera, el puerto de Valencia cerró el tráfico y el de Sagunto lo hizo una hora después. Y lo mismo ocurrió con numerosas pymes a lo largo y ancho de toda la Comunitat Valenciana.

Por tanto, señorías, cómo pueden decir el Partido Popular y Vox que los organismos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica no avisaron, cuando todas estas instituciones públicas y privadas sí reaccionaron citando a menudo las alertas de la AEMET para justificar sus medidas.

Digo más, señorías. ¿Cómo es posible que el Partido Popular y Vox acusen al Gobierno de España de no haber informado a la Generalitat Valenciana, cuando la delegada del Gobierno de España en la Comunidad Valenciana habló con las consejeras responsables 13 veces durante aquel día y hubo cinco altos cargos del Ejecutivo central que contactaron en 11 ocasiones con el gabinete del señor Mazón?

Y, sobre todo, ¿cómo puede decirse que la Generalitat no gestionó bien la emergencia porque no tenía información de lo que estaba pasando, cuando la DANA estuvo omnipresente en los medios de comunicación desde primera hora de ese martes 29 de octubre?

Miren, solo entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana hubo más de 200 conexiones y boletines informativos sobre la situación meteorológica en las principales cadenas de radio y televisión de España. En concreto, a las 6:37 de la mañana, Antena 3 informó de la necesidad de tener, y cito textualmente, "mucha precaución"; y avisó que la gente no cruzara, y cito textualmente, "cauces secos ni ramblas en el este de la península", ya que podría, y cito textualmente, "aumentar súbitamente el nivel del agua".

A las 7:48 horas, en el telediario matinal de la Radiotelevisión Española se hizo algo similar, un aviso semejante; y dio parte 44 veces más de la situación hasta las 17:00 horas de la tarde del día 29.

En À Punt, que es la televisión autonómica de la Comunitat Valenciana, se hizo un monográfico sobre la DANA durante toda la mañana del día 29 de octubre que obtuvo un récord histórico de audiencia.

En resumen, señorías, los datos se elaboraron, los avisos se emitieron, la información llegó a todas las instituciones competentes. Cosa distinta es qué hicieron esas instituciones con esa información. Hablaré de ello más tarde, pero ahora quiero dejar claro que los organismos dependientes del Gobierno de España cumplieron con su deber.

Y decir lo contrario es negar la evidencia, es tirar balones fuera y es faltar a la profesionalidad de cientos y cientos de servidores públicos que actuaron de acuerdo a los protocolos e hicieron bien su trabajo. Por tanto, que justos no paguen por pecadores.

Hablemos ahora del segundo conjunto de responsabilidades que tiene el Gobierno de España en emergencias como esta. Y es dotar a las comunidades autónomas afectadas de todos los recursos y ayudas que necesiten y soliciten. Y sí, señorías del Partido Popular y de Vox, aún a riesgo de que ustedes vuelvan a retorcer mis palabras para hacer de ellas una mentira, otra más, se lo vuelvo a repetir: nuestro deber, el del Ejecutivo de España, es enviar a las administraciones competentes todos los recursos y ayudas que pidan que soliciten. Porque eso es lo que recomiendan todos los expertos en gestión de catástrofes y es lo que dicta, por cierto, nuestro ordenamiento jurídico.

Por supuesto que el Gobierno de España se preparó desde el primer momento. Claro que nos fuimos adelantando a las peticiones de la Generalitat Valenciana para estar listos en caso de que llegasen esas solicitudes, esas peticiones.

Fíjense, el Ministerio de Defensa ordenó a la UME empezar a prepararse para una posible intervención ese mismo martes día 29, a las 9:00 de la mañana; y no dejó de hacerlo a lo largo de todo el día, a pesar de que la consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana rechazó hasta tres veces el ofrecimiento de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana a movilizarla.

Y gracias a esta movilización preventiva, cuando finalmente el señor Mazón cambió de opinión y pidió la intervención de la UME para la comarca de Utiel-Requena, a las 15:41 horas, el primer batallón pudo ponerse en marcha tan solo un minuto después, un minuto, y realizar los primeros rescates a las 17:55 horas.

Lo mismo ocurrió con los subsiguientes envíos de efectivos a las zonas afectadas. Por eso, por ejemplo, las Fuerzas Armadas pidieron, o mejor dicho, pudieron satisfacer el cambio de parecer del señor Mazón el día 2 de noviembre, cuando pasó de pedir 500 militares a más de 5.000 militares en unas pocas horas.

Y lo mismo ocurrió con las demás agencias de la Administración General del Estado que han intervenido en esta crisis.

Les recuerdo, por cierto, que la delegada del Gobierno canceló su agenda oficial el martes día 29 a primera hora y se dedicó en exclusiva a movilizar y a gestionar el apoyo de la Administración General del Estado a la Generalitat. De hecho, a las 9 y 30 ya se reunió con entidades como, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Adif o Renfe para que estuviesen listas para movilizarse. Por tanto, señorías, el Gobierno de España actuó desde el primer momento. Lo sigue haciendo. Trabajó a destajo para estar listo y enviar toda la ayuda que se requiriera.

Pero tienen ustedes que entender que, como ha explicado el teniente general Marcos, de la UME, una de las mayores amenazas en este tipo de emergencias es intervenir de forma caótica y desorganizada, saturando las pocas carreteras abiertas con medios innecesarios que impidan llegar los recursos que más urgen en cada fase.

Por eso, hay que responder a las peticiones de las administraciones locales y autonómicas, porque ellas están sobre el terreno, porque ellas conocen de primera mano la situación y los recursos y son, por tanto, las más capacitadas para determinar qué medios se necesitan en cada momento. En situaciones de emergencia, señorías, hay que escuchar a los que están en el terreno y atender sus peticiones. Eso es lo que tenía que hacer el Gobierno de España en esta DANA. Es lo que hemos hecho y es lo que vamos a seguir haciendo, aunque alguno trate de polarizar con esta tragedia, instigar al desánimo y alimentar la desconfianza en las instituciones.

En estas semanas, señorías, hemos respondido a la práctica totalidad de las peticiones de la Generalitat Valenciana, incluyendo todas las que nos parecieron adecuadas y estaban en nuestra mano responder. Hemos desplegado en las zonas afectadas nada más y nada menos que un total de 20.000 trabajadores públicos. 20.000. Para que nos hagamos una idea, los ciudadanos se hagan una idea del esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado, esto es cinco veces más que el conjunto de militares que nuestro país tiene desplegados en sus misiones de seguridad y de paz en todo el mundo.

Entre ellos hay 8.500 miembros de las Fuerzas Armadas, 9.300 policías y guardias civiles, 300 brigadistas forestales, 800 operarios de carreteras y ferrocarriles, 80 médicos forenses y psicólogos, 140 peritos, 130 funcionarios interinos, 88 oficinas adicionales para asistir a los ayuntamientos y a la población en la tramitación de las ayudas.

Este impresionante conjunto de personas, la movilización de este contingente humano, ha permitido el rescate a más de 37.000 personas, es decir, el equivalente a toda la población de Teruel; ha restablecido el 80% de las canalizaciones de agua y el 100% de las líneas eléctricas y telefónicas que fueron interrumpidas por la DANA; ha retirado más de 2.600 vehículos; ha rehabilitado todas las carreteras estatales y vías de ferrocarril dañadas, y ha ayudado, por cierto, a limpiar cientos de calles y de garajes y ha distribuido entre la población afectada más de 15.000 toneladas de comida de agua embotellada, de ropa y de productos de higiene .

¿Significa que con esto, señorías, ya está el problema resuelto? Por supuesto que no. Queda muchísimo trabajo por hacer. Hay centenares de garajes y de sótanos anegados, edificios dañados, empresas cerradas, vías cortadas, pueblos enteros que aún no han recuperado la normalidad. Y por eso el Gobierno ha aprobado un Plan de respuesta desde los primeros días de la tragedia dividido en tres fases. La primera, la reacción urgente, la segunda fase, la reconstrucción de las zonas afectadas y finalmente, la tercera, el relanzamiento de la economía de la zona afectada.

Hasta el momento, señorías, el Gobierno de España ha aprobado dos grandes paquetes de ayudas correspondientes a la primera y la segunda fase, la respuesta urgente y también la reconstrucción con una inversión total de 14.373 millones de euros, que para que nos hagamos una idea equivale a más de la mitad del presupuesto anual de la Generalitat Valenciana o al 1% del Producto Interior Bruto de España. Muchas de estas ayudas, señorías, están inspiradas en las positivas experiencias que el Gobierno de España ha tenido que desplegar en situaciones muy extremas a lo largo de estos últimos seis años. Pienso en la pandemia de la COVID 19, en las emergencias climáticas, como pueda ser por ejemplo La Filomena, o en catástrofes naturales como la erupción del volcán de La Palma, como hemos ido desplegando, como he dicho antes, en estos últimos años.

Estas ayudas están dirigidas, señorías, a todos los afectados de manera directa o indirecta por la DANA, empezando por los hogares. Hemos articulado ayudas directas para todas esas personas que han perdido un familiar, han quedado incapacitadas tras la tragedia o han sufrido daños en su vivienda y en sus bienes. Para ellas hemos aprobado, además, la eliminación temporal del pago del IBI, las tasas de tráfico, la suspensión del pago de hipotecas, los créditos, las facturas de suministro y un incremento extraordinario del ingreso mínimo vital, del complemento de ayuda para la infancia y también las pensiones no contributivas

Junto con las ayudas directas e indirectas para los hogares, hemos habilitado varias medidas para los trabajadores y también para los autónomos. Hemos puesto en marcha unos ERTE de fuerza mayor que van a proteger los ingresos de más de 25.700 empleados y van a evitar que sean despedidos mientras sus compañías vuelven a operar, como ya ocurrió durante la pandemia de la COVID 19. Hemos mejorado las condiciones de las bajas causadas por la DANA, considerándolas de forma excepcional accidentes de trabajo y hemos creado ayudas directas para los autónomos y aprobado unas prestaciones por cese de actividad total o parcial especiales para ellos que ya han solicitado más de 3.000 personas.

Y, al mismo tiempo, hemos habilitado ayudas directas, beneficios fiscales y una línea de avales ICO de 5.000 millones de euros para aquellas empresas que ya han visto afectada su actividad por la DANA y que necesiten por tanto la ayuda del Estado para volver a operar.

Y hemos creado paquetes específicos, por ejemplo, para el sector agrícola con ayudas directas por valor de 200 millones de euros. Así mismo, hemos establecido varias ayudas para los ayuntamientos afectados, destinando nada más y nada menos que 500 millones de euros a los operadores para que extraigan el lodo y recuperen las redes de distribución y de saneamiento del agua, y comprometiéndonos además a financiar el 100% de los gastos de emergencia que tengan que realizar los ayuntamientos, así como el 50% de todas las obras de reparación de infraestructuras, de instalaciones, de servicios que tengan que llevar a cabo para devolver la normalidad a sus vecinos y a sus vecinas.

Todas estas ayudas, señorías, están ya en marcha. Hasta ahora se han recibido un total de 273.600 solicitudes y se han realizado ya pagos por un valor superior a los 60 millones de euros; y la semana que viene se abonarán unos 160 millones de euros más a hogares, a autónomos y a empresas. Y de ahí en adelante esperamos que los pagos se aceleren y se realicen a lo largo del mes de diciembre. Por tanto, la ciudadanía debe saber, señorías, que el Gobierno de España está haciendo un esfuerzo titánico, no solamente por movilizar los recursos económicos, sino por acelerar el proceso que permite dentro de la ley.

De la misma manera que hemos reconstruido puentes, carreteras, líneas ferroviarias en tiempo récord, ahora vamos a tratar de transferir las ayudas lo más rápido posible. Y la ciudadanía debe saber, señorías, que las ayudas prometidas no son una promesa vacía, que a los territorios y las personas afectadas van a llegar hasta el último euro anunciado en un tiempo récord, como por cierto, señorías, ocurrió en la pandemia, o tras la erupción del volcán de la isla de La Palma. Porque por mucho que insistan los desinformadores profesionales de este país, lo cierto y verdad es que el Gobierno de España ha transferido o ejecutado el 99% de los 1.046 millones de euros en ayudas e inversiones que anunció en la isla de La Palma, y que aquellas ayudas e indemnizaciones que aún no han llegado a las manos de sus legítimos perceptores no están en manos del Gobierno de España, sino pendientes de ejecución por parte de otras administraciones.

En todo caso, señorías, lo que quiero decirles es que los 14.373 millones de euros en ayudas, en créditos, en inversiones que hemos articulado para los territorios afectados por la DANA, llegarán porque se necesitan, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que lleguen lo antes posible.

Y en todo caso, sabemos que este dinero evidentemente no es suficiente, que las inundaciones han causado daños inmensos más allá de los sectores, de los colectivos a quienes van dirigidas estas ayudas y, por eso, les informo de que, en el marco de ese plan de respuesta a la tragedia antes mencionado, el Gobierno va a celebrar con carácter extraordinario un Consejo de Ministros mañana, en donde va a aprobar un tercer paquete de ayudas con 60 medidas diseñadas para acelerar la vuelta a la normalidad y la recuperación de las zonas golpeadas por esta tragedia.

Este nuevo paquete, señorías, va a constar de nuevas ayudas, de nuevos instrumentos de crédito, de facilidades legales de diverso tipo por un valor total de 2.274 millones de euros. Y tendrá tres objetivos principales: el primero, la ciudadanía -de nuevo-; el segundo, el parque móvil, y el tercero, el tejido productivo. Mañana, evidentemente, ustedes van a poder conocer los detalles de todas estas medidas, pero hoy me gustaría -al menos- mencionar algunas de las más importantes, empezando por las destinadas a la gente.

Somos conscientes, señorías, de que el inmenso escudo social desplegado en las semanas previas puede mejorarse para que cubra a más colectivos. Por eso, mañana vamos a reconocer el derecho a que personas distintas a los convivientes puedan obtener las ayudas por fallecimiento, y la posibilidad de que los familiares del fallecido perciban también las ayudas por daños en la vivienda.

Vamos a aprobar una línea de ayudas de 19 millones de euros para sufragar, por ejemplo, la reposición de libros de texto, del material escolar o de estudio para los estudiantes y las familias con hijos estudiantes que residan en los municipios afectados. Y vamos a extender hasta el 31 de diciembre la consideración excepcional de situación asimilada a accidente de trabajo de los procesos de incapacidad temporal, y pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia causados por esta terrible DANA.

Y, al mismo tiempo, vamos a ampliar la prestación por cese de actividad de autónomos a todos aquellos que se encuentran acogidos a la denominada tarifa plana de cotización.

También vamos a aprobar un nuevo régimen para la activación de los protocolos en caso de catástrofes dentro de las empresas, que garantice la participación de los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras.

Junto con estas nuevas medidas anunciadas que vamos a aprobar mañana en ese Consejo de Ministros extraordinario -a los hogares, a la gente-, uno de los grandes desafíos que ha dejado esta DANA es la destrucción masiva del parque móvil valenciano. Todos tenemos en mente las imágenes de esos vehículos apilados. Se calcula que hay más de 120.000 vehículos afectados, la mayoría de ellos -se pueden imaginar- son siniestro total. Sabemos que esos vehículos son evidentemente esenciales para sus propietarios, que sin ellos -en fin- recuperar la cotidianeidad o reabrir el negocio es a menudo imposible. Y por eso, mañana vamos a aprobar un plan para la renovación del parque automovilístico dañado por la DANA, con una dotación inicial de 465 millones de euros que va a permitir, a los ciudadanos que necesiten comprar un vehículo, recibir una ayuda directa de hasta 10.000 € que no tendrá que devolverse y que podrá sumarse a las indemnizaciones que ya están empezando a pagar el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Gobierno de España.

Los vehículos adquiridos podrán ser de distinto tipo, no tendrán que ser nuevos, e incluirán de forma retroactiva todos los que se hayan comprado desde ese aciago 29 de octubre en sustitución de otro siniestrado.

En tercer lugar, y con el fin de recuperar y relanzar la actividad económica en las zonas afectadas, mañana vamos a aprobar una serie de medidas destinadas a las empresas.

Vamos a activar una nueva línea, otra línea de 1.200 millones de euros para que los autónomos y empresas industriales y turísticas puedan reparar sus instalaciones, equipos, stock de productos y puedan realizar nuevas inversiones. Vamos a habilitar una vía rápida para la financiación preferente de operaciones de reconstrucción y de recuperación de capacidades innovadoras y tecnológicas en las zonas afectadas.

Y en el ámbito comercial, señorías, vamos a lanzar una línea de 240 millones de euros para la reactivación del comercio local con ayudas dirigidas a paliar daños materiales en bienes afectos a comercios, y otra línea ICEX, dirigida a facilitar la internacionalización de la actividad de empresas afectadas por la DANA.

Y para reforzar estas medidas les anuncio también a sus Señorías que mañana aprobaremos la creación de una nueva línea de préstamos bonificados para aquellas pequeñas y medianas empresas afectadas que deseen adquirir tecnología y maquinaria de última generación por un total de 300 millones de euros. Estos préstamos van a ser otorgados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y tendrán unas condiciones mejoradas en el importe de anticipos. Van a permitir también la reducción o incluso la exención de garantías, de forma que las empresas van a poder lograr préstamos de hasta 6 millones de euros en unas condiciones muy ventajosas.

Estas son señorías, las principales medidas del nuevo paquete de ayudas que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros. Un nuevo paquete que se suma a los dos que ya aprobamos el pasado día 5 y día 11 de noviembre, para alcanzar un total movilizado de más de 16.600 millones de euros. Repito 16.600 millones de euros. Y se inscribe, como he dicho antes, en las dos primeras fases del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento que el Gobierno de España está articulando para las zonas afectadas por la DANA.

Digo esto para para transmitirles que después de este tercer paquete, donde repito, estamos movilizando nada más y nada menos que 16.600 millones de euros, después de este tercer paquete habrá cuantos paquetes sean necesarios, porque el Gobierno de España no va a dejar de trabajar por los valencianos y las valencianas hasta que todos ellos hayan podido recuperar la normalidad que perdieron el pasado 29 de octubre. Y, por tanto, señorías, cuando los focos hayan marchado, el Estado seguirá ahí el tiempo que haga falta con los recursos que sean necesarios. Lo hicimos durante la pandemia. Lo hemos hecho durante todas las emergencias climáticas y desastres naturales que nos han acompañado durante estos últimos seis años. Y lo vamos a volver a hacer para y por los valencianos y las valencianas.

Señorías, concluyo. Y lo hago, por cierto, discrepando con el presidente Mazón y con otros dirigentes del Partido Popular y de Vox. Yo no creo, señorías, que el sistema haya fallado. Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado.

Nuestro sistema autonómico, basado en la descentralización y también en la cogobernanza, ha seguido los parámetros que recomiendan los principales expertos. Es similar al que tienen algunos de los países más desarrollados del mundo, por ejemplo, Canadá, Alemania, Reino Unido, Países Bajos…que otorgan un gran protagonismo a las administraciones regionales y municipales, a sabiendas de que son las que mejor conocen el terreno y tienen un contacto directo con los recursos humanos y los materiales necesarios. Y es el mismo que nos ha permitido, por ejemplo, responder con eficacia a otros desastres naturales previos, o a la DANA que golpeó otras comunidades autónomas los días posteriores a la tragedia.

Por eso, señorías, yo no creo que el Estado autonómico haya fallado, ni que el sistema haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas y, sobre todo, algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades. Que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella. Saber quiénes son esas personas es, a mi parecer, sencillo, porque son las mismas que ahora vuelven a equivocarse y se dedican a embarrar, a echar balones fuera, cuando lo que deberían hacer es centrarse en retirar el lodo, en reparar infraestructuras y en ayudar a las víctimas de ese desastre.

Evidentemente habrá tiempo de sobra para hablar sobre este asunto. Créanme, yo lo estoy deseando. Habrá tiempo para denunciar opacidades, también negligencias y depurar responsabilidades. De hecho, creo que la magnitud de la tragedia vivida, el inmenso coste humano en vidas, también el coste social y material que ha tenido, nos van a exigir a todos una reflexión profunda sobre la forma que tenemos de gestionar las catástrofes naturales.

Una reflexión colectiva en la que tendría que participar toda la sociedad y en la que, en mi opinión, deberíamos tratar de responder al menos a tres preguntas fundamentales. La primera, cómo mejoramos nuestro modelo de cogobernanza para asegurarnos de que todo el mundo conoce su papel y de que la información es procesada de forma adecuada por quienes tienen que tomar las decisiones. En segundo lugar, cómo construimos una verdadera cultura de la prevención a todos los niveles y en todos los ámbitos sociales e institucionales, desde los ayuntamientos a los ministerios y desde los colegios a las residencias de mayores. Y ,sobre todo, a la tercera, cómo preparamos nuestras ciudades, nuestras infraestructuras y nuestro tejido productivo para ser más resiliente ante la emergencia climática que asola también a la Península Ibérica. Estas son, a mi parecer, tres cuestiones clave que deberíamos abordar juntos el Poder Ejecutivo y sus señorías, el Poder Legislativo.

Y tenemos que aprender de esta tragedia. Sus responsables tendrán que asumir su culpa y el conjunto de la sociedad tendrá que usar lo vivido para reforzar un sistema que, aunque -insisto-, a mi juicio responde a los principios correctos, es sin duda mejorable.

Les aseguro que mi gobierno va a poner a disposición de la opinión pública toda la información y todos los medios necesarios para este ejercicio. Y de hecho les comunico que próximamente el Consejo de Ministros va a presentar un informe exhaustivo con cronogramas y datos en bruto de todo lo que ha pasado.

Y que nos mostramos absolutamente abiertos a la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para abordar este asunto Una comisión de investigación, señorías, que deberemos celebrar, invitar a servidores públicos, académicos, a miembros de la sociedad civil y en la que yo mismo participaré. Convencido de que esta rendición de cuentas es algo que debemos a las víctimas, a las generaciones futuras y también a nosotros mismos. Pero con la misma convicción les digo, señorías, que, en mi opinión, aún no es el momento. Si queremos que esta reflexión colectiva sea útil no podrá ser una reflexión apresurada ni tampoco viciada por la necesidad de la supervivencia política de alguno. Exigirá perspectiva, serenidad y mucho trabajo. Y ahora, evidentemente, la prioridad es otra. Mientras siga habiendo personas desaparecidas, garajes inundados, puentes y carreteras destruidos y negocios con la persiana bajada, nuestros esfuerzos deberían centrarse en la reconstrucción y no despistarse con un debate que, además de sustraer recursos, provocará previsiblemente una fricción entre administraciones que ahora los ciudadanos no necesitan.

Por tanto, de momento, señorías, centrémonos en localizar a los cinco desaparecidos que aún hay registrados, en ayudar a las víctimas, en reconstruir las infraestructuras dañadas y en restablecer los servicios. Esas, señorías, fueron las prioridades que yo mismo fijé en mi primera comparecencia el pasado 30 de octubre, y esas son y van a seguir siendo las prioridades que guían la acción de mi Gobierno en esta etapa.

Por tanto, señorías, pido a los grupos parlamentarios que se sumen a este espíritu, que no se dejen llevar por ningún otro cálculo. La labor que tenemos por delante es demasiado importante, demasiado colosal. Pongámonos, por tanto, señorías, de acuerdo. Usemos nuestro tiempo y nuestros recursos en encontrar soluciones en devolver la normalidad a las vidas de la gente. Eso es, señorías, nada más y nada menos que los ciudadanos y ciudadanas esperan y demandan de nosotros.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)

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