Ecuador presentó su Plan de Acción Nacional para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva

Quito, 12 de diciembre del 2024

Ecuador presentó su Plan de Acción Nacional Voluntario para la implementación de la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este compromiso refleja la posición del país como un aliado en los esfuerzos globales en favor de la paz y la seguridad internacionales.

La Resolución 1540 es el primer marco internacional que exige a los Estados implementar controles internos efectivos sobre materiales y tecnologías de uso dual, con el objetivo de prevenir la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas. Desde su adopción hace 20 años, esta resolución se ha convertido en un pilar fundamental de la arquitectura global de no proliferación.

Ecuador ha demostrado su compromiso con el desarme, la no proliferación y la lucha contra el terrorismo, en el ámbito de las Naciones Unidas y a nivel regional, mediante la Presidencia que ejerce en el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE-OEA), 2024-2025.

El Plan de Acción es el resultado de varios meses de trabajo coliderado por la Cancillería, el Ministerio de Defensa Nacional, en su calidad de Autoridad Nacional de Armas Químicas y Biológicas, y el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares, en su rol de Oficina Nacional de Enlace ante el Organismo Internacional de Energía Atómica y Autoridad Reguladora del uso pacífico de las radiaciones ionizantes del Ecuador.

El plan cuenta con cuatro líneas prioritarias de acción: diagnóstico técnico y legislativo; fortalecimiento institucional y construcción de capacidades; asistencia técnica y cooperación internacional; y sensibilización y socialización de la normativa nacional e internacional y las acciones emprendidas en la materia con el sector privado, la academia y la sociedad civil.

El Plan de Acción Nacional se implementará en un periodo de 4 años (2025-2028) y se coordinará con el sector privado, la sociedad civil y la academia, con el objetivo de que puedan vincularse a los esfuerzos del Ejecutivo en actividades relacionadas a la Resolución.