Modifican Ley 460 para endurecer sanciones por robos o hurtos cometidos en lugares de uso público

Con la finalidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos en espacios de alta concentración pública y proteger los bienes de instituciones clave, como centros educativos y de salud, este lunes, 16 de diciembre, fue sancionada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, la Ley 460 con las modificaciones al Código Penal, referentes al numeral 1 del artículo 214, que recoge las sanciones por los delitos de robo o hurto que se cometen en lugares destinados al uso público, publicada en la Gaceta Oficial N°.30179-C.

A través de la Ley 460, se modificaron los artículos 214 y 219, con el objetivo de endurecer las penas en casos específicos, en respuesta a la creciente preocupación por la seguridad en espacios públicos y privados, así como la protección de bienes de uso colectivo.

Modificación del artículo 214: Hurto en espacios sensibles: El primer cambio establece que el hurto en determinadas circunstancias recibirá penas más severas. Se impondrá una sanción de prisión de cinco a diez años si el hurto ocurre en lugares como oficinas, centros educativos, centros de salud, hospitales públicos o privados, archivos o establecimientos públicos.

Además, se contempla un agravante si el hurto ocurre en lugares destinados al uso público, iglesias y templos religiosos.

También se aumenta la pena si el robo afecta los fondos de los clubes de padres de familia de los centros educativos, ya sean oficiales o privados.

Refuerzo en las penas por robo: artículo 219

El artículo 219 del Código Penal también impone penas más estrictas en casos de robo. Ahora, la pena por robo puede ser aumentada hasta la mitad si se dan ciertas condiciones, como el uso de armas, la presencia de más de una persona, la afectación de la libertad personal de la víctima o si se causa una lesión.

También se considera un agravante si el robo es cometido en perjuicio de un turista, o si ocurre en el contexto del transporte público o en centros educativos y hospitales.

Con estas reformas, las autoridades buscan responder de manera más contundente ante situaciones que, debido a su contexto o lugar de ocurrencia, son consideradas de mayor gravedad.

Entrada en vigor:

La Ley 460 entrará en vigor al día siguiente de su promulgación y marca un paso más en el fortalecimiento del sistema de justicia penal en Panamá.

Estas reformas son vistas como una respuesta a la creciente preocupación de la sociedad panameña sobre la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo.

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